Aún con veto habrá investigación

Andrés Cañizález@infocracia
La misión de investigación de alto nivel sobre Venezuela, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, no podrá ingresar al país debido al rechazo que anunció el régimen de Nicolás Maduro a esta iniciativa, que fue solicitada por la alta comisionada Michelle Bachelet.
La misión de investigación, como ocurre con equipos similares designados para Birmania o Siria, que no pueden ingresar a esos países, deberá trabajar recabando testimonios entre refugiados venezolanos que están en países vecinos y apelando a informes y documentos de las organizaciones venezolanas de derechos humanos que siguen dentro de Venezuela.
El 2 de diciembre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designó a los tres integrantes de esta misión de alto nivel. Se trata de la portuguesa Marta Valiñas, el chileno Francisco Cox y el irlandés Paul Seils.
Valiñas, quien presidirá la misión, es especialista en democracia y justicia transicional, con experiencia en el caso Yugoslavia; Cox, a su vez, fue experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa, en México; y Seils lidera el Programa de Conflicto, Justicia y Reconciliación, del Instituto Europeo de Paz.
Esta misión deberá rendir un informe escrito en septiembre de 2020 ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. El objetivo será investigar “casos de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzosa, detención arbitraria, tortura (…) y tratos crueles, inhumanos y degradantes, ocurridos desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y justicia para las víctimas”, señala textualmente el mandato aprobado para esta misión.
Esta misión de alto nivel fue una de las recomendaciones dadas por Bachelet, en su condición de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, cuando divulgó un contundente informe sobre la crisis generalizada de los derechos humanos en Venezuela y la responsabilidad del régimen de Maduro en dicha crisis. Esto fue en julio pasado.
En el intermedio, el chavismo se apuntó un éxito político ya que logró una votación favorable que le permite ocupar ahora un sillón como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Tal condición, sin embargo, no le permite evitar que transcurra el mandato claro que recibió Bachelet y la nueva misión del propio Consejo para investigar a fondo la situación venezolana.
Esta comisión de investigación era necesaria porque puede brindar insumos al proceso abierto en la Corte Penal Internacional. Aún está por determinarse si el régimen de Nicolás Maduro cometió delitos de lesa humanidad. Un documentado reporte de esta misión de alto nivel podría ser determinante para esa decisión pendiente.
Como era de esperar, apenas se votó la creación de esta misión, el embajador venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos, Jorge Valero, advirtió de que su país no cooperará con esta misión.
El mandato del Consejo de Derechos Humanos, sin embargo, es claro. Hay comisión y habrá informe así sea vetado por quienes gobiernan Venezuela.
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