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Grupos criminales controlan minería del oro en Venezuela

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En Venezuela, la búsqueda de oro en el Arco Minero del Orinoco, una actividad severamente cuestionada por la degradación ambiental que provoca, está bajo control de “sindicatos” criminales que extorsionan a los mineros, en ocasiones con la complicidad de las fuerzas militares. Foto: Bram Ebus/Infoamazonia

Por Corresponsal de IPS

GINEBRA, 15 jul 2020 (IPS) – El control de grupos criminales sobre la minería del oro en Venezuela provocó al menos 149 muertes desde 2016, en un contexto de violencia, explotación laboral, prostitución y devastación ambiental, señaló un informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  (Acnudh) divulgado este miércoles 15.

El informe, presentado al  Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se centró en la violación de derechos en el extenso Arco Minero del Orinoco (AMO), en el sureste del país, y en el deterioro del sistema de justicia, a la vez que registró la existencia de torturas y desapariciones forzadas de detenidos.

El AMO es un área de 11 843 kilómetros cuadrados al sur del bajo río Orinoco, decretada como zona estratégica para la minería el 24 de febrero de 2016, y en la que el gobierno estima la existencia de 7000 toneladas de oro, 3000 millones de quilates de diamantes, y grandes reservas de coltán, cobre, hierro y otros minerales.

En esa área y en el resto de la Guayana venezolana se desparraman miles de mineros que buscan riqueza al margen de la legalidad, degradan el terreno y contaminan con mercurio, y están a órdenes de grupos criminales denominados “sindicatos”, que les extorsionan a cambio de permitirles trabajar.

El informe fue presentado en esta ciudad suiza por la alta comisionada, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, durante el 44 periodo de sesiones del Consejo, que se celebra desde el 30 de junio y hasta el 17 de julio, con la participación de parte de sus 47 miembros y otros representantes en forma virtual.

En el contundente documento se indica que los llamados sindicatos “deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes las infringen y sacan beneficios económicos de todas las actividades” en las áreas bajo su control.

Los mineros, incluso niños, trabajan turnos de 12 horas, descienden a pozos profundos sin ninguna protección. Deben pagar 10-20 por ciento de lo que obtienen a los grupos criminales y un 15-30 por ciento adicional al propietario del molino donde se trituran las rocas para extraer oro y otros minerales.

Hay mujeres involucradas tanto en la minería como en trabajos relacionados. Desde 2016 hay un fuerte aumento de la prostitución, la explotación sexual y el tráfico de personas en las áreas mineras, incluso de adolescentes. La zona es un fuerte foco de malaria según la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Entrevistados para el informe narraron los castigos a quienes infringen las reglas: palizas severas, recibir un disparo en las manos, o tener una mano cortada, así como asesinatos. Los relatos de testigos describen cómo los cadáveres a menudo son arrojados a pozos mineros abandonados.

La lucha por el control de las minas genera disputas que se saldan con balas y muerte. El informe recogió 16 de estos incidentes y en total más de 40 hechos de violencia letal, masacres incluidas, que dejaron al menos 149 muertes.

Según el informe, en algunos hechos estuvieron involucrados miembros de las fuerzas de seguridad, y en el clima de extorsión reinante los “sindicatos” acuerdan pagar sobornos a los militares que deberían imponer ley y orden.

“A pesar de la considerable presencia de fuerzas militares y de seguridad en la región, y los esfuerzos realizados para abordar la actividad criminal, las autoridades no han podido investigar y llevar a juicio las violaciones de los derechos humanos, los abusos y los delitos relacionados con la minería”, asentó el informe de Bachelet.

También reiteró la preocupación por la falta de independencia del Poder Judicial en el país sudamericano, con jueces sin estabilidad y designados sin transparencia, que aguardan por instrucciones políticas para tomar decisiones y trabajan en condiciones precarias, con un salario promedio de 30 dólares mensuales.

El Tribunal Supremo de Justicia, integrado a conveniencia del oficialismo y saltándose normas de la Constitución, según el informe, produjo en cuatro años 127 sentencias que invalidaron decisiones del parlamento, de mayoría opositora, y despojó de inmunidad a 29 diputados de oposición.

El informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, que sesiona desde Finalmente, el informe recogió denuncias de desapariciones forzadas, torturas y malos tratos a detenidos civiles y militares.

Mencionó los casos del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos, desaparecido en septiembre de 2018, y del civil ex contratista del ejército Hugo Henrique Marino Salas, en abril de 2019.

“Sus familiares no han recibido respuesta a las solicitudes de hábeas corpus presentadas en julio y mayo de 2019, respectivamente, y su paradero sigue siendo desconocido”, asentó el informe.

También la oficina de Bachelet documentó 16 casos de tortura o males tratos entre junio de 2019 y mayo de 2020 “y el número podría ser significativamente más elevado en vista de los patrones de desapariciones forzadas por breves períodos”.

Varias fuentes informaron que cuando en las audiencias se daba cuenta a los jueces de casos de tortura o malos tratos, “ellos solían responder que el examen de tales denuncias no formaba parte de su competencia”.

A-E/HM

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