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Balance Especial IPYSve | 2020: Agresiones a mujeres periodistas en Venezuela

  • Las libertades informativas de 33 mujeres periodistas fueron vulneradas entre enero y febrero de 2020. 

  • Los simpatizantes oficialistas, los funcionarios públicos y los cuerpos de seguridad fueron los principales victimarios de las agresiones sufridas por las mujeres periodistas

El ejercicio del periodismo en Venezuela se enfrenta cada vez a más obstáculos y las mujeres trabajadoras de la prensa no escapan de este escenario. Entre enero y febrero de 2020, de los 43 casos de agresiones físicas que registró IPYS Venezuela, 22 de estos hechos afectaron a mujeres periodistas.

Fueron 33 mujeres reporteras, productoras, directoras de medios de comunicación y asistentes de producción que, mientras cubrían hechos de interés público, padecieron agresiones físicas, amenazas, hechos intimidatorios y ataques contra sus herramientas de trabajo durante los primeros 60 días del año.

Estas agresiones hacia las trabajadoras de la prensa estuvieron encabezadas por los simpatizantes afines al gobierno de Nicolás Maduro, quienes en coberturas de calle vieron la oportunidad para atacar y limitar el acceso informativo de las reporteras. Los funcionarios públicos y los cuerpos de seguridad del Estado también representaron un riesgo para la labor periodística de las profesionales de la comunicación.

El Área Metropolitana de Caracas y los estados Aragua, Lara, Carabobo, Sucre, Apure, Táchira  y Trujillo fueron las entidades donde se concentraron los ataques hacia las periodistas durante estos primeros meses de 2020. Solo en el Área metropolitana de Caracas se registraron 17 limitaciones hacia las libertades informativas de las periodistas.

Las agresiones vinculadas a la cobertura del Parlamento venezolano marcaron un precedente de gravedad. Los días 5, 7 y 15 de enero, junto a la llegada del presidente de la Asamblea Nacional, y reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 naciones, Juan Guaidó, el martes 11 de febrero, dejaron en evidencia el poder agresor de los simpatizantes oficialistas y la inacción de los cuerpos de seguridad del Estado, donde se vieron afectadas 13 mujeres periodistas. IPYS Venezuela, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y la ONG Espacio Público denunciaron el hecho ante la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo el jueves 13 de febrero.

Agravios digitales

En los últimos días de febrero destacó que la labor periodística de las mujeres se vio vulnerada principalmente en las redes sociales. Esta organización constató que cinco trabajadoras de la prensa fueron víctimas de amenazas, declaraciones agraviantes y limitaciones a la privacidad. Gregoria Díaz y Lorena Arráiz, corresponsales de IPYS Venezuela en Aragua y Táchira, respectivamente; Omaira Labrador, Ana Cristina Cortés y Yoerli Viloria fueron atacadas a través de las plataformas de Twitter, Facebook, Instagram y Youtube. También recibieron mensajes y llamadas intimidatorias a sus números personales.

La corresponsal por el estado Aragua para Crónica Uno e IPYS, Gregoria Díaz recibió declaraciones agraviantes, campañas de descrédito y amenazas a través de Twitter, Instagram y los estados de Whatsapp luego que informara a través de su cuenta en Twitter sobre el procedimiento de descarte de un posible caso de Coronavirus (COVID-19) en un ciudadano proveniente de China, en la ciudad de Maracay, el viernes 21 de febrero.

Usuarios de las redes sociales difundieron una imagen que corresponde a la captura de pantalla del tweet publicado por la reportera, pero con las palabras “palangrista” y “mentirosa” en los bordes inferior y superior de la publicación. La alcaldesa del municipio aragüeño, Santiago Mariño, Joana Sánchez se hizo eco de los ataques a través de los estados de su Whatsapp donde publicó la imagen que ya circulaba por redes sociales.

Los ataques no cesaron a pesar de que Díaz publicó una aclaratoria donde negó que hubiera confirmado un caso de Coronavirus en la entidad, sino que se desarrollaba un proceso de descarte de un posible contagio. “REITERO. Un ciudadano de 33 años de edad recluido en el hospital militar de #Maracay que regresó de #China en diciembre pasado, presenta síntomas que obligan evaluaciones para descartar posible contagio”, señaló la reportera de Crónica Uno.

En Táchira, la directora de Diario La Nación, Omaira Labrador, y su presidenta, Ana Cristina Cortés, fueron víctimas de amenazas, declaraciones agraviantes y sus números telefónicos expuestos al público a través de las redes sociales por el influencer Newman Pérez luego que fuera publicada, el 19 de febrero, una información titulada: “Bank of América alerta de posible estafa con ‘alquiler’ de cuentas dirigida por un usuario venezolano”, información que vinculaba a Pérez luego que solicitara a sus seguidores en Twitter el alquiler de sus cuentas en los bancos estadounidenses Bank of America y Wells Fargo si no las estaban usando.

“Personas interesadas en alquilar sus cuentas Bank of America o Wells Fargo, por favor comunicarse con mi asistente al siguiente número: +58 412-6904210. Si no la estás usando, sácale provecho alquilándomela a mí”, se leía en el tweet antes que la cuenta fuera suspendida por Twitter luego de infringir las reglas de la red social.

Pérez se comunicó de forma directa con las representantes del Diario, el jueves 20 de febrero, para exigirles el retiro de la publicación del portal web, además de un derecho a réplica, y después envió unos audios amenazantes a Labrador por WhatsApp donde le advirtió que sus más de 100 mil seguidores en redes sociales comenzarían a escribirles de no retirar la información de la página web. Las agresiones se extendieron a los portales de Globovisión y Dolar Today.

En los sonidos que envía Pérez a la directora del diario se escucha que publicaría los números de Labrador, Cortés y sus familiares para que sus seguidores “los vuelvan locos“, además de amenazar con pagar para que la página de Diario La Nación fuera “tumbada”

En un video publicado el domingo 23 en el canal de Youtube de Newman Pérez, el influencer publicó los números de las representantes de La Nación y comentó a sus seguidores brindarle una “asesoría gratuita” a quienes más les escribieran y lo demostraran enviando capturas de pantalla a la mensajería privada de la cuenta de Pérez en Instagram.

En otro video publicado el 25 de enero, Pérez arremetió discursivamente contra Lorena Arráiz, corresponsal de IPYS Venezuela y Te Lo Cuento News en el estado Táchira, donde se refirió con palabras soeces por su labor informativa y vida personal. Pérez ha estado vinculado con amenazas y ciberacoso hacia las trabajadoras de la prensa en el Táchira desde 2018, cuando también se registraron ataques hacia Arráiz y Mayerlin Villanueva, periodista del Diario Católico.

El jueves 20, Pérez protagonizó otra serie de amenazas contra las instalaciones del medio digital 800 Noticias por la información que lo señala como presunto estafador. El influencer amenazó, vía llamada telefónica, desde un número colombiano, arremeter contra las instalaciones de 800 Noticias y su personal si no se eliminaban la noticia publicada.

En Trujillo se registró un hecho similar el 26 de febrero, contra la periodista Yoerli Viloria de Diario Los Andes, quien, a través de redes sociales, recibió ataques y declaraciones agraviantes por parte de Conrado Pérez Briceño, padre del diputado a la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares, vinculado a la trama de corrupción del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) publicado por Armando.Info.

Pérez Briceño a través de una publicación en la red social Facebook señaló a Viloria como “palangrista de oficio” y “MALEFICA y calculadora”, además de publicar ataques misóginos contra su aspecto físico que son reincidentes como registró esta organización el 4 de diciembre de 2019, cuando recibió descalificaciones por parte del padre del diputado.

IPYS Venezuela reitera su rechazo a las acciones que vulneran los derechos de los y las periodistas de buscar, recibir, y difundir información de interés público. Es responsabilidad del Estado prevenir que ocurran hechos de violencia contra los trabajadores de la prensa, tanto en entornos tradicionales como digitales, así como garantizar mecanismos de protección y procurar investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estas prácticas que agravan las condiciones del ejercicio periodístico en país, y son contrarias a los estándares nacionales e internacionales sobre Libertad de Expresión.

Esta organización recuerda que el Estado asumió el compromiso de cumplir y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que señala dentro de las metas del ODS 5 “poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres”, además de “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado”. El Estado venezolano tiene la obligación de “garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales” como también señala el ODS 16.

https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-especial-ipysve-2020-agresiones-a-mujeres-periodistas-en-venezuela/

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