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Alerta IPYSve | Presiones estatales provocaron salida de DirecTV en Venezuela

  • IPYS Venezuela ve con preocupación cómo el cierre de operaciones de DirecTV afecta la libre circulación de información y el acceso a la información limitando cada vez más el derecho de la ciudadanía a recibir información para mantenerse informada sobre temas de interés público, especialmente en medio de un escenario como el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus, cuando la población debe tener a disposición más ventanas con información plural, transparente y variada.

La suspensión de las operaciones en Venezuela del servicio de televisión por suscripción de la multinacional norteamericana AT&T, accionista de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela responsable de DirecTV en el país, es la respuesta a las presiones estatales directas ejercidas para intervenir en la programación de la cableoperadora, y a la imposibilidad de cumplir con los requisitos legales de ambos países, tales como obtener la licencia para operar en Venezuela y a la vez cumplir con las exigencias de las medidas de Estados Unidos de no contratar con firmas incluidas en las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro contra el propietario del canal Globovisión, Raúl Gorrín; y el canal PDVSA TV, propiedad de PDVSA.

La medida, ejecutada de forma inmediata durante la mañana del martes 19 de mayo, suspendió de manera definitiva la trasmisión de los más de 600 canales de su parrilla de programación, la cual llegaba a casi dos millones de suscriptores en Venezuela, de acuerdo con un informe realizado por Conatel que contempla las cifras del sector de telecomunicaciones correspondiente al segundo trimestre de 2019.

De acuerdo con el comunicado de DirecTV, una de las exigencias de Conatel para poder disponer de la licencia para proporcionar el servicio de televisión por suscripción en Venezuela, era la transmisión de los canales Globovisión y PDVSA TV. “Debido a que es imposible que la unidad de DirecTV de AT&T cumpla con los requisitos legales de ambos países, AT&T se vio obligada a cerrar sus operaciones de TV paga en Venezuela, una decisión que tomó el equipo de liderazgo de la compañía en los EE. UU. Sin ninguna participación o conocimiento previo de DirecTV Equipo de Venezuela” señala el comunicado.

Para IPYS Venezuela, la suspensión del servicio de televisión por suscripción de DirecTv constituye una medida que afecta la libertad de expresión y el acceso a la información, alienta la desinformación y la opacidad, y cierra ventanas de información plural e independiente necesarias para tomar decisiones informadas sobre temas de interés público, especialmente en contextos de alta conflictividad política y social, y de la pandemia de la COVID-19.

El liderazgo de mercado de DirecTV y su capacidad de penetración en amplios sectores sociales de Venezuela, fue motivo de vigilancia y presiones por parte del gobierno de Nicolás Maduro que, desde el año 2014 ha emitido exhortos para remover contenidos y canales de la programación de DirecTV, acatados de manera inmediata por la empresa de telecomunicaciones. De acuerdo con los registros de IPYS Venezuela, Conatel emitió diferentes comunicaciones a la empresa de servicios de televisión por suscripción con el objetivo de coaccionar la remoción de contenidos, suspensión y censura de canales internacionales y programas de corte informativo y de entretenimiento.

Desde IPYS Venezuela alertamos de la censura aplicada contra los canales El Tiempo Televisión, NTN 24 y Radio Caracol, de Colombia; Todo Noticias de Argentina, Deutsche Welle (DW en español) de Alemania, 24 horas de Chile, Antena 3 Internacional de España y los canales National Geographic, BBC Mundo, y CNN en Español, así como las telenovelas La Reina del Sur y El Capo, señaladas desde el Estado como narconovelas, que se sumaron a los espacios suspendidos por la administración de Nicolás Maduro.

La decisión de la norteamericana AT&T y su empresa Galaxy Entertainment de Venezuela soluciona su propio dilema empresarial atendiendo a las disposiciones sancionatorias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminando los dos canales de su programación, lo cual trae como consecuencia la amenaza del gobierno de suspender la licencia. El gobierno venezolano, por su parte, exige la transmisión de los dos canales favoreciendo a estas dos televisoras, en detrimento de la amplia oferta restante de canales de información y entretenimiento ofrecida por la cableoperadora vista por más de 10 millones de venezolanos, dejando de manifiesto la desproporción del daño causado al derecho a la información de la mayoría de los suscriptores de DirecTV.

A raíz de la decisión de AT&T y su empresa Galaxy Entertainment de Venezuela de suspender operaciones, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó el viernes 22 de mayo a través de su cuenta en Facebook, una decisión que exige la restitución de la señal del servicio, además de la ocupación de todos los bienes muebles e inmuebles de la empresa Galaxy Entertainment de Venezuela, responsable de DirecTV en el país, por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), y en compañía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, el TSJ ordenó la creación de una Junta Directiva Ad-Hoc de la empresa Galaxy Entertainment que estará dirigida por el militar y también director general de Conatel, Jorge Elieser Márquez Monsalve, quien desde el 2017 se encuentra en la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta medida del TSJ ha sido calificada por expertos como una intervención de la cableoperadora dictada para hacerse de los activos de la empresa y que “se trata de una decisión que no es ejecutable, en la medida en que el dueño de la señal no está sujeto a la jurisdicción de Venezuela”.

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia destacó que la acción del TSJ señalando que la decisión no correspondió a la junta directiva de DirecTV que se encuentra en el país, sino a la organización dueña principal de la marca en EEUU, AT&T. Señalan que la decisión del Poder Judicial puede verse como una intervención a la teleoperadora, ya que el gobierno venezolano se hará con todos los bienes de la organización en Venezuela.

De acuerdo con un informe realizado por Conatel, DirecTV poseía el 45,32 % del mercado de difusión por suscripción, ubicándola en la primera posición de servicios de televisión por suscripción usados por los venezolanos, muy por encima de Cantv, Intercable y NetUno que juntos representaron el 29,33 %, para esa fecha.

IPYS Venezuela ve con preocupación cómo el cierre de operaciones de DirecTV afecta la libre circulación de información y el acceso a la información limitando cada vez más el derecho de la ciudadanía a recibir información para mantenerse informada de temas de interés público, sobre todo en medio de un escenario como el Estado de Alarma por la pandemia del coronavirus, cuando la población debe tener a disposición más ventanas con información plural, transparente y variada.

Desde IPYS Venezuela alertamos sobre la responsabilidad del Estado de establecer y garantizar las condiciones para el libre flujo de la información, elemento esencial para el respeto de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y el acceso a la información. En cumplimiento de esta obligación, recordamos que la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión de la Relatoría Especial para estos asuntos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que “el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos [y] los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho”, además destaca que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.”

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